Reclaman más claridad del gobierno local sobre el TG-22

Un tema siempre candente sobre la mesa y complejo de solucionar. Jesús Mayoral – concejal portavoz del PIVG, reclamó al alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, y su equipo de gobierno de mostrar un estilo de actuación “opaco” sobre todo lo relacionado con la parcela municipal del TG-22, en Torreguadiaro.

Según recapitula el portavoz del grupo, “el 20 de Octubre, de 2020, se acordó por el Pleno de la Corporación, con nuestro voto en contra, la restitución de las cosas/prestaciones entre VVEERH y el Ayuntamiento tras el recurso presentado por esta sociedad, solicitando una indemnización millonaria al dejar desierto el concurso de adjudicación de la parcela en el año 2002, después de casi 20 años pleiteando esta empresa con la otra mercantil, SOTOGOLF, que quedó en segundo lugar y el TSJA y el TS, en casación, hizo firme la sentencia del primero de la anulación de la adjudicación a VVEERH. A partir de este acuerdo plenario el ayuntamiento, a pesar de haber puestos recursos de reposición tanto de WERH, como del PIVG, aunque por motivos totalmente diferentes, por supuesto los del PIVG, en defensa del ayuntamiento, el ayuntamiento pagó un primer anticipo con   una transferencia de 4.280. 756,11 euros por el importe recibido de la venta de la parcela en el año 2002”.

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También añade que el alcalde “no contestó a ninguno de los dos recursos y después de transcurrido un año, asombrosamente en el Pleno de octubre del año 2021 nos traen una propuesta de acuerdo de declarar lesivo al interés general el acuerdo adoptado el 29 de octubre del año 2020, para su posterior impugnación ante la jurisdicción contenciosa administrativa, requiriendo a la empresa VVERH que proceda a la devolución de la cantidad abonada por el por el ayuntamiento, por incumplimiento de ésta del acuerdo del pleno, y conceder un plazo de audiencia a la empresa VVERH. En ese pleno, además es cuando nos comunican, que esta empresa tiene puesto un contencioso administrativo   contra el acuerdo del ayuntamiento porque quieren cobrar toda la indemnización millonaria que pretenden, ocultando este hecho al Pleno  durante meses”.

Para el PIVG, en la actualidad se mantiene “la misma situación respecto al acuerdo de lesividad aprobado en el Pleno de octubre de 2021, con los votos del equipo de gobierno, en el que se reclama la cantidad abonada, anunciando la impugnación ante la jurisdicción contenciosa administrativa y dándoles 10 días de audiencia. Desconocemos el resultado de la audiencia y si como se aprobó se ha realizado la impugnación al contencioso. No sabemos si nos tendrán más sorpresas sobre acontecimientos que nos estén ocultando del ya famoso TG 22, y que aún no hemos llevado al contencioso por parte del PIVG, porque el alcalde y la secretaria general que realiza los informes jurídicos en los que se basa el alcalde según dice, siguen enredando y liando la madeja de este asunto que ya dura casi 20 años”.