Dice la canción popular española: “Apaga luz, Mariluz, apaga luz,/que yo no puedo dormir con tanta luz”. Temo que lo que impedirá a los españoles conciliar el sueño no será la abundancia de luz sino su precio. El problema no será apagar la luz sino pagarla.

Según el Gobierno, aunque los ciudadanos están lógicamente muy escépticos, bajará nuestra factura, aunque deberemos poner en marcha los electrodomésticos por la noche o en las franjas horarias en las cuales parece que la tarifa será asequible.

Este paternalismo, como si los ciudadanos realmente tuviéramos plena libertad para elegir cuándo vamos a consumir electricidad, es aún más absurdo en el verano que se nos avecina, y donde nadie puede seriamente pretender que mantengamos apagados nuestros aparatos de aire acondicionado cuando más calor haga.

Otro viejo truco es echar la culpa del encarecimiento de la luz a las empresas eléctricas, como si no estuviera su mercado profundamente intervenido por el Estado, mediante impuestos y regulaciones de todo tipo.

Es dicha intervención la principal responsable del elevado precio de la luz, en particular por el encarecimiento de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO₂), que han alcanzado en estas últimas semanas unos precios récord. La respuesta del Gobierno ha sido encargar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que vigile el negocio de generación y distribución de la electricidad, precisamente donde no hay mercados libres ni competencia plena.

El colmo del despropósito fue la idea del partido político socio del Gobierno, Unidas Podemos, que seriamente anunció que iba a proponer la creación de una empresa pública energética, como si el problema fuera la propiedad de las empresas y no la regulación, los costes y los impuestos establecidos por los gobernantes. Y como si no tuviéramos suficiente experiencia sobre el funcionamiento y eficiencia de las empresas públicas.

En realidad, el problema es que las autoridades de España y Europa pretenden recibir aplausos por ser campeonas de la ecología, pero miran hacia otro lado cuando el paraíso verde que nos prometen resulta que significa que los ciudadanos deberemos pagar cada vez más.

Pay for the light Mariluz

Carlos Rodríguez Braun

There is a popular Spanish song that goes: “Turn off the light Mariluz, turn off the light, / I cannot sleep with so much light”. I fear that what will stop Spaniards from getting to sleep won´t be the abundance of light but rather its price. The problem won´t be turning of the light but rather paying for it.

According to the Government, although citizens are logically very sceptical, our bill will be reduced, although we will have to use electrical appliances at night or during the time slots when it seems the rate will be affordable.

This paternalism, as if us citizens really had complete freedom to choose when we are going to consume electricity, is even more absurd in the summer that is approaching, where nobody can seriously intend for us to keep our air conditioning devices switched off when it is hottest.

Another old trick is to blame electrical companies for making electricity more expensive, as if the State had not significantly intervened in their market, through taxes and all kinds of regulations.

This intervention is the main reason behind the high price of light, in particular due to the increase cost of the carbon dioxide emission rights (CO), which have reached record prices over recent weeks. The response of the Government has been to commission the National Commission on Markets and Competition to monitor the business for the generation and distribution of electricity, precisely where there are no free markets or open competition.

The height of the absurdity was the idea of the political partner of the Government, Unidas Podemos, which seriously announced that it was going to propose the creation of a public energy company, as if the problem was he ownership of the companies and not the regulation, costs and taxes established by the leaders. And if we did not have enough experience regarding the functioning and efficiency of public companies.

In reality, the problem is that the authorities in Spain and Europe aim to receive applause for being champions of the environment, but they look the other way when the green paradise that they promise us means that citizens have to pay an increasing amount.