Cuentas ante la inflación, por Carlos Rodríguez Braun

Opinión - Economía
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La inflación, como ya señalamos en El Periódico de Sotogrande, es un impuesto que no se vota en el Parlamento, y que empobrece siempre a los ciudadanos, que ven que las cuentas no les cuadran, porque los precios suben más que sus salarios (https://bit.ly/3NNut1o). Pero no es solo la contabilidad privada la que sufre, sino también la pública.

Carlos Rodríguez Braun Carlos Rodríguez Braun

Es cierto que Hacienda se beneficia de la inflación mediante la “progresividad en frío”, es decir, el aumento de la recaudación que, por la escala progresiva de algunos impuestos, se consigue porque los contribuyentes obtienen más ingresos nominales, pero no reales. Ahora bien, ese efecto beneficioso para la Administración enfrenta dos efectos que van en la dirección contraria.

Por un lado, la inflación puede venir acompañada de una desaceleración en el crecimiento económico, como acaba de anticipar el Banco de España, lo que se traduce en una reducción de los ingresos públicos. Y, por otro lado, el gasto público tiene una conocida falta de flexibilidad, porque es fácil subirlo y difícil bajarlo.

España tiene un elemento particular, que complica la contención del gasto: las pensiones. Antes de las perturbaciones provocadas por la invasión rusa de Ucrania, ya teníamos inflación y habíamos observado el golpe que ocasionaría a las cuentas del Estado, debido al compromiso del Gobierno de ajustar las pensiones con el IPC. El diario Expansión estimó que dicho compromiso “supondría un desembolso extraordinario de 13.500 millones de euros” en 2022, con un evidente agravamiento del déficit público.

Hace casi un año discutíamos en estas páginas sobre las pensiones, y una doble sostenibilidad, la financiera y la política (https://bit.ly/3j69icV). Ahora vuelve a plantearse el problema, porque cualquier gobernante sabe que, si no salen las cuentas, lo normal es que se deban tomar medidas impopulares. Por eso se habla hoy tanto de pactos de Estado, precisamente para disolver el coste político y electoral de dichas medidas.

En cuanto a su coste económico, inevitablemente recaerá sobre las cuentas de los ciudadanos, aunque aún no sabemos de qué manera.

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Accounts before inflation

Carlos Rodríguez Braun

Inflation, as we already stated in El Periódico de Sotogrande, is a tax that is not voted on in Parliament, and that always makes citizens poor, they see that accounts do not tally because prices rise more than their salaries (https://bit.ly/3NNut1o). However, not only for private accounts suffer, public ones do too.

It is true that the Tax Authority benefits from inflation through “fiscal drag”, that is to say, the increase in tax revenue that, due to the progressive scale of taxes, is attained because tax payers obtain more nominal, but not real, income. However, that beneficial effect for the Administration brings two effects together that go in the opposite direction.

On one hand, inflation may be accompanied by a slowdown in economic growth, as the Bank of Spain has just predicted, which results in a reduction in public revenue. And, on the other hand, public spending has a well-known lack of flexibility, because it is easy to increase it and difficult to lower it.

Spain has a particular element, which complicates the containment of spending: pensions. Before the upheavals caused by the Russian invasion of Ukraine, we already had inflation and we had observed the blow that it may cause to State accounts, due to the commitment of the Government to adjust pensions to the CPI. The newspaper Expansión estimated that this commitment “would result in extraordinary expenditure of 13.5 billion Euros” in 2022, with a clear worsening of the public deficit.

Almost a year ago, in these pages we discussed pensions, and dual sustainability, financial and political (https://bit.ly/3j69icV). Now, the problem is being considered again, because any leader knows that, if the accounts do not tally, the normal thing is that unpopular measures must be taken. Therefore, there is currently so much talk about State pacts, precisely in order to disperse the political and electoral cost of these measures.

With regard to the economic cost, inevitably, it will fall on the accounts of citizens, although we still do not know how.