La Junta alerta sobre problemas de conservación en el proyecto de Borondo

Avisos sobre el proyecto turístico-urbanístico en Borondo de la Junta de Andalucía. Según explicaron y destallaron el colectivo AGADEN-Ecologistas en Acción y la Federación Provincial de Ecologistas en Acción de Cádiz, la Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía emitió un informe del Servicio de Espacios Naturales Protegidos, en el que se asegura que el «PLAN ESPECIAL DE IMPLANTACIÓN DE «ALCORNOCALES – BORONDO RESERVA AMBIENTAL», podría suponer “una transformación profunda y sustancial de los usos y características actuales de la finca”, debido a la construcción de diversas edificaciones e infraestructuras. Por otro lado, afirma que el desarrollo de actividades previstas en el proyecto puede suponer una transformación sensible de la realidad física y biológica de la misma, que “comprometería” la integridad de la Red Natura 2000 (RN2000) sobre la que se ubica el proyecto.

Este informe, según interpreta el colectivo, destaca el “alto impacto” que podría generar la masificación de visitantes, ya que el complejo podría albergar más de 5.000 personas diarias cuando se encuentre en plena actividad. Esta masificación, junto al desarrollo de las actividades turísticas y de ocio, supondría un “riesgo serio a la conservación de los Hábitats de Interés Comunitarios existentes en la finca”, explican. Relatan que una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló el Decreto 150/2017 que amplió el Parque Natural Los Alcornocales hasta el litoral mediterráneo, incluyendo, entre otras zonas, la finca Borondo. Los propietarios de la finca y promotores del mencionado proyecto urbanístico -la empresa Carbonell Figueras S.A.- anunciaron que esta desprotección, aseguran los ecologistas, facilitaba la ejecución del proyecto, pero olvidaron que ningún tribunal español puede modificar la RN2000, pues es una declaración que realizó la UE en febrero de este año. El informe técnico incide en esta protección, que hace inviable este proyecto por su “total incompatibilidad” con la pertenencia a esta red europea de espacios naturales protegidos.

Destacan los ecologistas que “la finca es la única conexión ecológica” entre las extensas zonas forestales del Parque Natural Los Alcornocales y los espacios costeros situados en la finca Borondo y la colindante Dehesa de Guadalquitón, en tanto que se trata del único espacio no urbanizado que queda entre la urbanización de Sotogrande, al norte, y la urbanización La Alcaidesa, al sur, todo ello de acuerdo con lo recogido en el artículo 21 de la Ley 42/2007. Borondo, además de incluir hábitats naturales protegidos por la Unión Europea, algunos prioritarios, alberga más de 200 taxones de flora, incluyendo algunas especies protegidas. Si a este informe, aseguran los ecologistas, se suman que “la secretaria del Ayuntamiento de San Roque ha informado en contra de la declaración de utilidad pública de este proyecto, es evidente que al ayuntamiento de esta localidad no le queda otra opción que dar carpetazo definitivo a un proyecto gravemente amenazador de un espacio natural protegido a nivel europeo”.

Al seguir perteneciendo la finca de Borondo a la RN2000 -como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “Área de ampliación de Los Alcornocales”-, le es de aplicación la jurisprudencia existente, que determina que toda esta red debe clasificarse como Suelo No Urbanizable de Especial Protección. Esta sólida jurisprudencia ha sido ratificada por el propio Tribunal Constitucional en sentencia de 13 de noviembre de 2019. Por tanto, el proyecto “ALCORNOCALES – BORONDO RESERVA AMBIENTAL”, es totalmente inviable por su afección a la RN2000, ya que esta jurisprudencia, que impide el desarrollo del proyecto, se ve reforzada por este informe del Servicio de Espacios Naturales Protegidos de la Junta de Andalucía. Debido a la exclusión de esta finca del Parque Natural Los Alcornocales, no dispone de un Plan de Gestión del LIC, por lo que no se pueden establecer objetivos de conservación, ni análisis de presiones o amenazas. Esta situación de “orfandad” de Plan regulador, obliga a tener que acogerse al marco normativo de referencia, establecido en el apartado de «Protección cautelar» de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que advierte de la prohibición de realizar actos «que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica” del espacio. Es evidente que un proyecto que incluye 263 cabañas de lujo, 6 albergues-hoteles de 700 m2 y 30 habitaciones cada uno, sumando un total de 2.435 plazas turísticas, supondría una grave transformación, quedando claramente sin respaldo legal para su desarrollo.