Explotación minera en San Roque y mar de fondo político

Cruce de versiones y argumentos, intervencionismo medioambiental y un mar de fondo político que está dando mucho de que hablar con los rellenos en el Peñón de Gibraltar de fondo, a causa de una presunta concesión minera en el municipio de San Roque. Verdemar y el Ayuntamiento de San Roque piden explicaciones, mientras que la Junta de Andalucía habla simplemente de “permisos de investigación”.

En las últimas horas, la entidad Verdemar Ecologistas en Acción denunció con un recurso el concurso minero que presuntamente pretende explotar “la Sierra Carbonera, la Sierra del Arca e incluso”, según detalla la propia asociación, parcialmente el “Pinar del Rey”. Verdemar detalla que “ha recurrido una resolución de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Industria, Energía y Minas en Cádiz por la que se resuelve un concurso público de derechos mineros convocado para la Provincia de Cádiz en la Sierra Carbonera (San Roque y La Línea), Pinar del Rey, Sierra del Arca (San Roque)”.

Una acción que rápidamente localizó el interés, de manera mayúscula, de la Alcaldía de San Roque y que su alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix manifestó que desde esta Delegación “tenían que dar muchas explicaciones sobre cómo ha realizado ese procedimiento de la concesión de derechos mineros sobre más de 2700 hectáreas”.

Recordó Ruiz Boix que se trata de un paraje natural, protegido, además de importantes valores naturales en flora y fauna que tiene la Sierra Carbonera y la Sierra de Arca; además de preguntarse ““a qué obedece ese interés que tiene el Partido Popular Sociedad Anónima en la venta de esos derechos mineros, que no es más que una cantera”. El alcalde sanroqueño también deslizó la “sospecha” de que “lo que viene buscando el Partido Popular es una cantera, quizá caliza, y el interés que pueda tener Gibraltar en la ampliación de algún territorio en ese lado este del Peñón”.

Por su parte, desde la Junta de Andalucía, concretamente Inmaculada Olivero, delegada territorial de la Delegación pertinente, matizó que “no se ha otorgado ninguna concesión minera, sino que se ha resuelto el concurso para el otorgamiento de permisos de investigación minera sobre los terrenos pertenecientes a derechos mineros caducados en la provincia”.

Oliverio defiende que “la empresa ganadora tiene preferencia para iniciar la tramitación del permiso de investigación y que el concurso de derechos es de obligada tramitación cuando se caducan los permisos de investigación y concesiones de explotación”. Además de sostener que las reclamaciones e intenciones que se atribuyen son “falsas”.