El PIVG, a través de su portavoz Jesús Mayoral, reiteró su posición contraria a “la propuesta del alcalde [Juan Carlos Ruiz Boix], que pretende pagar una indemnización a la empresa VVERH, adjudicataria de forma fraudulenta del concurso de la parcela municipal del TG 22 según  sentencia del TSJA en el año 2004, y que ha estado 16 años sin ejecutarse debido a los recursos interpuestos”, explica. “Cada vez que el Ayuntamiento ha tratado de cumplirla, hemos presentado un recurso de reposición, solicitando la anulación de la aprobación, en el que se denuncia los motivos por los que se solicita la anulación del acuerdo del Pleno” pero el primer edil “ha querido ventilar, a la carrera, el pago de una indemnización millonaria, a la empresa VVERH, en su día favorecida, cambiando 180 grados la postura que defendía, coincidiendo con el PIVG”, añade.

TG22

TG22

El grupo del Valle del Guadiaro reivindica que hasta la fecha tanto Gobierno local como PIVG mantenían la misma posición respecto al TG22 sobre la indemnización millonaria que “pretende VVERH”; sobre la cual “se pagaría lo que legalmente correspondiese  y determinasen los tribunales”. Recuerda también que en el  Pleno de febrero de 2020, “se aprobó devolver las cantidades pagadas por VVERH., de 4.280.000 euros  al Ayuntamiento y de 1,5 millones pagados a EMROQUE y después valorar los intereses que correspondan a cualquier otro gasto indemnizatorio, ajustado al cumplimiento de la sentencia”, argumenta.

Recuerda que a principios de agosto, VVERH puso un recurso de reposición contra el acuerdo de pleno, presentando una liquidación de indemnización de casi 55 millones de euros. “La sorpresa nos la encontramos en la propuesta del alcalde que asume conceptos que no son indemnizables a pesar que el informe dela Interventora rectificó porque en una primera propuesta reconocía todo lo que solicitaba VVERH a excepción del lucro cesante que ascendía a 20 millones de euros”, asevera, “pero que con la rectificación la rebajaba en unos cuatro millones  de euros”, subraya.

Aunque la propuesta aprobada, según defiende el PIVG, aún difiere mucho de los “6.243.667,82 euros que valora en su informe  la interventora, ajustando la indemnización a los conceptos que de acuerdo a la sentencia se deben indemnizar”, plantea. Por lo que se mantienen sigue sin concretarse una suma de “unos 10 millones de euros en los que un millón no tienen ni discusión, porque corresponde al IVA de las operaciones de compra venta, y esa cuenta es de Hacienda, no de la empresa VVERH. Tiene otro millón de euros que reclama de dos compras de parcelas, que VVERH realizó por su cuenta y riesgo, siendo conocedor de la sentencia y otros gastos relacionados con el desarrollo urbanístico que desconocemos si el informe de la secretaria daba por buenos”. En definitiva, el PIVG reclama que se “atienda el recurso de reposición, porque de lo contrario en defensa de los intereses de los sanroqueños, defenderemos estos millones en los juzgados de lo contencioso- administrativo”.