Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, o ERTE, son mecanismos legales contemplados en el Estatuto de los Trabajadores, y han sido aplicados masivamente en la actual crisis del coronavirus.

Las empresas garantizan el empleo de los trabajadores durante seis meses después de su reincorporación, a cambio de no pagarles el sueldo ni las cotizaciones sociales durante la suspensión del empleo, en función del tamaño de la empresa, y de si se trata de un caso de fuerza mayor o no.

Carlos Rodríguez Braun

Los trabajadores, por su parte, no cobran sus nóminas sino una prestación de la Seguridad Social, inferior al salario corriente, en función de lo que hayan cotizado, y sin derecho a indemnización, porque no se trata de un despido definitivo. La razón de ser de todo esto es que, en caso contrario, las empresas no podrían soportar el impacto de un brusco cese de actividad, y cerrarían.

Cabe objetar a los ERTE, en términos generales, alegando que son parches para resolver un problema estructural de nuestro mercado laboral, que es el intervencionismo público que provoca un paro elevado y sistemático. En el caso concreto de la crisis actual, también ha habido críticas por la precipitación con la que el Gobierno ha implementado las medidas laborales, causando una cierta inseguridad jurídica.

Los ERTE de fuerza mayor han sido extendidos hasta el 30 de junio, aunque podrían prorrogarse. Es comprensible que el Gobierno esté desesperado por prolongar la situación, para que no aumente el desempleo de forma notable, pero el paso del tiempo hace que los costes de los ERTE sean insostenibles.

Unos 3 millones de trabajadores están hoy amparados por una suspensión total o parcial de empleo, y de ellos, 2,6 millones corresponden a ERTE por fuerza mayor. El gasto en prestaciones está, lógicamente, desbordado, y tendrá, con los demás capítulos del gasto público, un impacto muy negativo en el déficit y la deuda pública.

Como la situación no es sostenible en el tiempo, la clave de todo reside en la recuperación de la economía y el empleo, que será tanto más lenta cuanto más suban los impuestos y más dificulten las autoridades la flexibilidad en el mercado de trabajo.

Opinión, Carlos Rodríguez Braun

Temporary redundancy, time and costs

Carlos Rodríguez Braun

The temporary redundancy agreements, known as “ERTEs” are legal mechanisms included in the Statute of Workers, and have been applied on a mass scale during the current coronavirus crisis.

Companies guarantee the employment of workers for six months after they are reintegrated, in exchange for not paying them a salary or social security contributions during the suspension of employment, according to the size of the company, and if it is a case of a force majeure or not.

In turn, workers do not receive their payslips, but rather a payment from Social Security, lower than their normal salary, according to what they have paid in tax, and without the right to compensation, because it is not a definitive dismissal. The reason behind of all of this is that, otherwise, companies would be unable to withstand the impact of a sudden cease of activity, and would close.

It is worth criticising temporary redundancy agreements, in general terms, by stating that they simply patch up a structural problem in our labour market, namely the public interventionism that causes high and systematic unemployment. In the specific case of the current crisis, there have also been criticisms about the haste with which the Government has implemented labour measures, causing a certain legal insecurity.

The temporary redundancy agreements due to force majeure have been extended to 30 June, although they could be extended further. It is understanding that the Government is desperate to prolong the situation, to ensure that unemployment does not notably increase, but the passing of time means that the costs of the temporary redundancy agreements are unsustainable.

3 Million workers are currently covered by a total or partial suspension of employments, and of them 2.6 are temporary redundancy agreements due to force majeure. The cost of payments is, logically, excessive and will have, alongside other items of public spending, a very negative impact on the deficit and public debt.

As the situation is unsustainable over time, the key to everything resides in the recovery of the economy and employment, which will be so much slower the more that taxes rise and the flexibility in the labour market hinders the authorities.